La inminencia de anomalías climáticas en el Pacífico ecuatorial vuelve a presionar la agenda de obras públicas en el Perú. El desarrollo de proyectos de mitigación y defensas ribereñas muestra brechas de ejecución que exponen la competitividad del país de cara al cierre del año. Los gremios del sector privado enfatizan que el desafío sistémico trasciende la edificación de barreras físicas, situándose en la carencia de un marco institucional que garantice la administración, el financiamiento y el mantenimiento posterior de los activos logísticos y urbanos frente a desastres.
¿Cuál es el impacto económico proyectado ante la vulnerabilidad climática?
El país ingresa a un periodo de incertidumbre operativa debido a la probabilidad de un evento climático de intensidad moderada a fuerte entre octubre de este año y enero del próximo. Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 102, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, señaló que esta situación compromete la estabilidad macroeconómica nacional.
Las consecuencias de este escenario impactarán el PBI sectorial y las cadenas de suministro de la agricultura y la pesca. Las deficiencias en la planificación territorial y la ocupación informal del suelo agravan el panorama, limitando la capacidad de respuesta de las redes de transporte y los sistemas de saneamiento ante eventuales inundaciones o huaicos.
¿Qué deficiencias técnicas persisten en los proyectos de Reconstrucción?
Las intervenciones diseñadas para proteger las regiones del norte, afectadas desde el Niño Costero de 2017, registran retrasos en sus cronogramas de entrega. Sin embargo, la preocupación principal de las empresas constructoras radica en el vacío normativo respecto a la entrega de las obras terminadas, ya que el Estado carece de agencias preparadas para asumir la gestión técnica de las estructuras de drenaje y encauzamiento.
«Sería terrible invertir cerca de 20 mil millones de soles en grandes obras de infraestructura y que luego no sirvan adecuadamente porque no existe una entidad que las opere de manera eficiente ni un mecanismo claro para financiar su operación y mantenimiento», afirmó Valdivia. La falta de asignación presupuestal para la conservación preventiva eleva el riesgo de pérdida total de capitales públicos.
¿Cuál es la propuesta gremial para asegurar la sostenibilidad de las obras?
La alternativa planteada por Capeco consiste en el diseño de un organismo técnico especializado con competencias macroregionales. Esta entidad asumiría de forma exclusiva el control operativo de la infraestructura crítica, desvinculando la supervisión de las fluctuaciones políticas de los gobiernos locales y regionales, cuyas capacidades de gestión contractual suelen ser limitadas.
Si bien las inversiones provienen del tesoro público, el sostenimiento de los complejos de ingeniería requiere un esquema de financiamiento mixto. El gremio propone estructurar modelos tarifarios que incluyan subsidios focalizados para las poblaciones vulnerables, garantizando la predictibilidad de los fondos necesarios para las reparaciones y el monitoreo tecnológico continuo.
¿Cómo puede participar el sector privado en la mitigación del riesgo?
La respuesta ante la emergencia exige acelerar los mecanismos de cofinanciamiento y ejecución rápida de proyectos. El uso del esquema de Obras por Impuestos (OxI) se perfila como la herramienta más eficiente para que las empresas financien y ejecuten intervenciones de protección de manera directa, eludiendo la burocracia de las licitaciones tradicionales.
La modernización del territorio demanda una transición desde la gestión reactiva hacia una política permanente de resiliencia urbana. La planificación de ciudades compactas y protegidas reducirá los costos de reconstrucción futuros, permitiendo que los recursos públicos se orienten al desarrollo de infraestructura productiva de alto valor en lugar de canalizarse de forma reiterada a la reparación de daños previsibles.
