La reestructuración patrimonial de Petróleos del Perú (Petroperú) enfrenta oposición en la Amazonía tras la solicitud formal para retirar la Refinería Iquitos y sus terminales logísticos del proceso de concesión. El Frente Patriótico de Loreto demandó al Gobierno y a ProInversión excluir la infraestructura energética regional de los bloques patrimoniales contemplados en los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026. La organización argumenta que la transferencia de estos activos estatales compromete el abastecimiento de combustible en áreas limítrofes y altera el equilibrio económico en zonas donde la inversión privada muestra baja presencia por límites de rentabilidad.
¿Por qué la infraestructura amazónica es considerada estratégica?
El complejo operativo estatal en la Selva abarca la Refinería Iquitos, un poliducto de 15 kilómetros y las plantas de ventas ubicadas en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. Esta red sostiene el transporte fluvial, los centros de salud y los servicios de emergencia en la frontera. Aparte de operar en mercados de difícil acceso, la presencia de la petrolera estatal actúa como un regulador directo en la fijación de tarifas de venta al público.
La fiscalización de los precios de Petroperú evita escenarios de especulación en el mercado regional. Si bien la reorganización busca sanear las finanzas de la empresa pública, la entrega de estos activos a operadores privados trasladaría la fijación de precios al libre mercado, exponiendo a la población urbana y rural a incrementos en las tarifas de los carburantes.
¿Qué impactos laborales y de transparencia registra el proceso?
La modificación del modelo operativo de Petroperú en la región pone en riesgo más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos, además de afectar la cadena de proveedores locales. Las plantas de ventas y la refinería constituyen motores de la actividad económica en las ciudades amazónicas, por lo que un cambio en la propiedad o en la escala de operaciones alteraría la estabilidad de las familias vinculadas al sector.
Asimismo, la representación civil alertó sobre presuntas presiones de grupos privados e intereses de capitales externos en la conformación de los paquetes de activos en San Isidro. El Frente Patriótico de Loreto solicitó a las autoridades competentes investigar posibles conflictos de interés y garantizar la neutralidad del proceso de transferencia para resguardar la seguridad energética del país.
