La prevalencia de insumos falsificados en la edificación residencial informal representa un factor crítico de sobrecosto y vulnerabilidad para el desarrollo urbano local. En el Perú, donde la autoconstrucción abarca cerca del 70% de la vivienda residencial, la falta de homologación de proveedores y de controles de calidad expone a las familias a la adquisición de productos adulterados. Esta práctica genera que una vivienda autoconstruida llegue a costar hasta el doble que una unidad terminada formalmente, debido a la recompra constante de materiales subestándar. Aparte del impacto económico, la sustitución del cobre por metales de menor rendimiento incrementa la ineficiencia energética y eleva las pérdidas financieras en el mercado formal.
«El cable eléctrico es uno de los componentes más importantes de toda construcción: a diferencia de un piso o una pared, que se pueden cambiar, la instalación eléctrica queda dentro del muro y acompaña a la familia durante mucho tiempo. Por eso es clave que las personas se involucren en esa decisión, pregunten qué se está instalando y exijan productos certificados. Una instalación segura empieza por el cable que se elige», señala Mirko Males, Gerente de Marketing de INDECO by Nexans.
¿Qué riesgos y sobrecostos genera la falsificación en las viviendas?
El uso de conductores adulterados compromete la seguridad estructural de las edificaciones a largo plazo. De acuerdo con datos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en el país se registran cerca de 13,500 incendios urbanos al año, de los cuales el 70% está vinculado a fallas eléctricas. Los componentes que sustituyen el cobre por aluminio reducen la capacidad de conducción, propician sobrecalentamientos en las redes internas y provocan un consumo superior de energía que incrementa la facturación mensual.
Asimismo, la decisión de compra suele recaer de forma exclusiva en el instalador técnico sin verificación previa por parte del propietario. La adopción de productos adulterados afecta la durabilidad del inmueble, exigiendo intervenciones posteriores para reemplazar redes empotradas en los muros.
¿Cuál es el impacto económico del comercio ilegal de productos eléctricos?
El consumo de material eléctrico adulterado se inserta en un problema sistémico de informalidad comercial. Cifras de la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI Perú) indican que cada año ingresan al país más de 12 millones de productos eléctricos ilegales. Este flujo comercial ilícito genera pérdidas superiores a los USD 2,700 millones anuales y afecta cerca de 200,000 empleos formales en la cadena de suministros.
Si bien la fiscalización en las obras informales es limitada, existen herramientas tecnológicas desarrolladas por la industria para validar la trazabilidad del material. Soluciones como el escaneo de hologramas mediante aplicaciones móviles y la verificación de texturas físicas en los productos permiten confirmar la autenticidad antes de la instalación. La mitigación del riesgo en la autoconstrucción requiere decisiones informadas entre propietarios y técnicos para resguardar el patrimonio familiar y consolidar la formalidad en el sector.
