La estabilidad de los proyectos de infraestructura en el país enfrenta severas contingencias operativas y financieras. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) ha advertido un escenario crítico caracterizado por la paralización de flujos financieros estatales hacia las empresas ejecutoras y la proliferación de prácticas comerciales desleales en el mercado de insumos. Esta combinación de factores debilita la solvencia de las empresas del sector y amenaza la continuidad de las metas de desarrollo nacional.
¿Cómo afecta el retraso de pagos estatales a la infraestructura?
El incumplimiento en la liquidación de las valorizaciones de avance de obra abarca a los tres niveles de gobierno. Esta disrupción financiera impacta en primera instancia a los contratistas generales, pero se extiende de forma acelerada hacia los subcontratistas, proveedores de materiales y planillas de trabajadores, lo que compromete la estabilidad social de los proyectos.
Si bien la inversión pública requiere dinamismo, las deficiencias en la gestión presupuestal de las entidades contratantes impiden un flujo de capital predecible. La falta de mecanismos técnicos ágiles para el reconocimiento oportuno de las obras ejecutadas incrementa los costos financieros de las empresas, las cuales deben asumir el apalancamiento de los proyectos ante la morosidad del Estado.
¿Qué impacto tiene el dumping en los materiales de construcción?
El aparato productivo nacional enfrenta una presión severa por el ingreso de insumos importados en condiciones de competencia desleal, principalmente de origen asiático. La introducción de productos terminados por debajo de su valor de mercado distorsiona los precios locales y resta participación a la industria manufacturera peruana, que opera bajo una estructura de costos regulada.
Existen investigaciones formales en curso respecto a la importación de acero de construcción y materiales cerámicos bajo presuntas prácticas de dumping. Aparte de este problema aduanero, el gremio constructor señala la ausencia de fiscalización idónea en los puntos de ingreso, lo que facilita la comercialización de materiales que incumplen las normas técnicas de seguridad y vulneran la propiedad industrial mediante la falsificación de marcas.
¿Cuáles son los riesgos de la falta de fiscalización sectorial?
La vulneración del marco normativo no se limita al comercio exterior. Se ha identificado la instalación de complejos industriales extranjeros que operan al margen de las disposiciones urbanísticas, ambientales y de licenciamiento que exige la legislación peruana, lo que genera una asimetría regulatoria frente a las inversiones que sí cumplen con los estándares vigentes.
«Capeco ha denunciado públicamente que se están incumpliendo los pagos de avances de obras en ejecución en los tres niveles de gobierno. Esto afecta las finanzas de las empresas contratistas y ya está generando problemas con los proveedores. La cadena de pagos en varios proyectos está en peligro y, en algunos casos, ya se ha interrumpido», afirmó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.
El panorama exige una intervención multisectorial para corregir las distorsiones del mercado. «Nosotros no nos oponemos a la inversión extranjera ni a la importación de materiales. Queremos competir en igualdad de condiciones y evitar que decisiones tomadas en otros países para favorecer a sus industrias terminen perjudicando a los productores nacionales», enfatizó Valdivia.
